EL DERECHO A LA SALUD Y EL ESTADO COMO ENTE OBLIGADO

 

EL DERECHO A LA SALUD Y EL ESTADO COMO ENTE OBLIGADO

  • La protección del derecho a la salud implica la obligación del Estado de generar las condiciones necesarias para proteger ese derecho y para su recuperación cuando se le ha perdido.
  • La garantía implica la obligación estatal de asegurar que haya disponibilidad, accesibilidad y calidad en los servicios de salud. 
  • Es necesario reconocer que la ciudadanía igualmente somos responsables y obligados frente al derecho a la salud y no pretender dejar toda la responsabilidad de su cuidado y protección en las autoridades.

En la edición pasada de nuestra revista, comentamos que el Derecho a la Salud es en realidad reciente, -data apenas del Siglo XIX-, y que está vinculado al reconocimiento y disfrute de otros derechos tales como la libertad, la no violencia, decidir sobre la sexualidad y la reproducción, entre otros, ya que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud se trata de un concepto más complejo que sólo la ausencia de enfermedad, e implica un estado integral de bienestar.

Me detengo ahora a reflexionar respecto a que estamos frente a un Derecho Humano, es decir, se trata de un derecho esencial de la persona que le asiste sólo por el hecho de haber nacido. Así, el Estado Mexicano es el obligado ante su reconocimiento, garantía y protección.

Cuando hablamos de reconocimiento, estamos refiriendo que los órganos del Estado están obligados a reconocerlo en sus ordenamientos legales. Así, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra este derecho en su artículo 4º, cuarto párrafo:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.

Mediante esta disposición, México reconoce como derecho humano el Derecho a la Salud y, para su regulación, el Congreso de la Unión ha expedido la Ley General de Salud, y las entidades federativas sus respectivas leyes estatales.

La protección del derecho a la salud, por otra parte, implica la obligación del Estado de generar las condiciones necesarias para proteger ese derecho y para su recuperación cuando se le ha perdido. Por ejemplo, es obligación estatal proveer la atención médica y hospitalaria requerida por quien ha visto afectado su derecho a la salud. Pero demás implica la obligación de abstenerse de llevar a cabo acciones que dañen la salud de las personas, así como evitar que los particulares desplieguen acciones que puedan dañar ese derecho.

Es el caso de las leyes para la protección de los no fumadores; la obligación que se le imprime a quien tienen una mascota de recoger las heces de la vía pública o la acción estatal de recolectar la basura con periodicidad.

La protección del derecho a la salud también implica el despliegue de acciones en todo el territorio nacional tales como las campañas de vacunación o aquéllas tendientes a concientizar a la ciudadanía sobre la necesidad del aseo de las manos, la lactancia materna o el uso del condón.

Por otra parte, la garantía implica la obligación estatal de asegurar que haya disponibilidad, accesibilidad y calidad en los servicios de salud: hospitales públicos suficientes y de calidad; medicamentos gratuitos; personal profesional de la salud capacitado y disponible, como elementos básicos.

Es a través de los hospitales públicos que el Estado cumple su obligación frente a este derecho y, mediante políticas públicas tales como el Seguro Popular, se procura su cumplimiento.

Los y las ciudadanas debemos saber que el derecho a la salud y contar con servicios de calidad es nuestro derecho y que, llegado el caso, también tenemos derecho a exigir ante las instituciones públicas que cumplan sus obligaciones de proporcionarnos los servicios a los que tenemos derecho.

No obstante, es necesario reconocer que la ciudadanía igualmente somos responsables y obligados frente al derecho a la salud y no pretender dejar toda la responsabilidad de su cuidado y protección en las autoridades.

Debemos también involucrarnos mediante el seguimiento de las recomendaciones institucionales que se nos indican a través de las campañas pertinentes: lavarnos las manos como y cuando se nos indica, llevar a los menores a vacunar, tomar medidas de protección en el ejercicio de la sexualidad, no automedicarnos, hacernos chequeos periódicos, procurar una alimentación sana y ejercicio, entre muchas otras acciones que nos asegurarán una mejor calidad de vida y, con ello, seguramente un mejor estado de salud y bienestar.

¡Salud y buena vida!

Verónica Rodríguez López

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